Las fallidas experiencias de las últimas décadas en la prestación del servicio de energía eléctrica en la Región Caribe evidencian que el modelo de gestión ha fracasado más allá de si su operador, comercializador y distribuidor fuera antes Electricaribe y ahora sean Air-e y Afinia, y ante ello el sentido común lleva a concluir que la solución real a la crisis pasa necesariamente por cambiarlo.
¿Pero, cuál sería? Carlos Diago, que hace parte de un grupo de expertos nuestros en este sector, nacidos y desarrollados profesionalmente en los buenos tiempos de CORELCA, ha puesto sobre la mesa, una propuesta concreta basada en dividir esa gestión por departamentos, separar la distribución de la comercialización, y segmentar el mercado de comercialización.
El primer componente de la iniciativa implicaría que Atlántico, Magdalena y La Guajira tuvieran cada una distribuidora independiente de energía, tal como lo tienen los demás departamentos del país, inclusive los que tienen un mercado más complejo que los nuestros, como Chocó.
Segmentar el mercado de comercialización significa crear en cada departamento, una empresa, identificada como Energía Social, que atienda el mercado de los usuarios clasificados como estrato 1 y 2 y las zonas subnormales. Esta experiencia ya la tuvimos en el Atlántico con positivos resultados.
Otra, nombrada como Energía Institucional, para prestar el servicio a las entidades del sector público-oficial y al alumbrado público. Recordemos que gobernaciones, alcaldías, con sus diferentes entidades, como hospitales y colegios, son deudores morosos casi eternos de los actuales operadores.
Una más, catalogada como Energía Empresarial, focalizada en los sectores comercial e industrial, indispensable para garantizar a los sistemas productivos de los territorios, un servicio confiable, estable y seguro, que hoy no se tiene y que impacta sus costos y competitividad.
Y la cuarta, Energía Doméstica, que se centraría en el mercado de los usuarios de ingresos medio y alto, donde ya actúan distintos oferentes como quiera que su comportamiento de pago no registra mayores dificultades.
En las empresas comercializadoras de los mercados social e institucional, el Estado sería el único accionista y estaría representado por la Nación, las respectivas gobernaciones, distritos o municipios. Esa configuración accionaria estaría basada en las normas constitucionales de la descentralización con autonomía de las entidades territoriales y en la finalidad social del Estado en cuanto a los servicios públicos.
Este componente de la Propuesta Diago, bautizada así en honor a quien la ha planteado, también se alinea con la iniciativa que el Gobierno nacional ha llamado Comunidades Energéticas en esas entidades territoriales estarían representadas a través de su correspondiente empresa departamental de comercialización de energía social.
La implementación de soluciones de energía solar fotovoltaica destinadas a las comunidades energéticas, así como el mantenimiento, adecuación y expansión de las redes comunitarias serían responsabilidad de la correspondiente empresa departamental de distribución y se financiarían con inversión del Estado y de las comunidades beneficiadas.
Esas empresas departamentales de energía tendrían igualmente a cargo los programas de normalización de redes y de ampliación de la cobertura urbana y rural, bajo la misma modalidad de financiación.
Entre tanto, el suministro de energía para las comunidades energéticas, los usuarios institucionales, y los de los estratos socioeconómicos 1 y 2, y los de zonas subnormales, lo asumirían las respectivas empresas comercializadoras social e institucional de cada departamento, las cuales serían atendidas con las generadoras GECELCA y Urrá, que son estatales.
¿Y qué resolveríamos si se implementa la Propuesta Diago? Su autor hace la siguiente enumeración, que tiene plena validación con la realidad actual:
A ello se suman: Deficiente medición y control de la energía entregada a los usuarios. Baja calidad de servicio por insuficiencia de la Red de Distribución. Elevados índices de Tiempo y Frecuencia de interrupción del servicio. Excesivos niveles de carga en Subestaciones, Transformadores y Circuitos. Altas Pérdidas Técnicas por agotamiento de la Red de Distribución derivado del atraso significativo en las inversiones requeridas para potenciarla. Elevada proporción de usuarios atendidos con Redes no Normalizadas. Insuficiente cobertura urbana y rural. Tarifas excesivas, elevadas e injustas en especial para los estratos bajos. Insostenible prestación del servicio a largo plazo. Derroche y uso ineficiente de energía por parte de muchos usuarios. Y muy lento avance de la expansión de la matriz energética con un mayor aporte de las energías renovables.
Otras propuestas similares o complementarias a las de Carlos Diago, se cocinan cuidadosamente por otros expertos en el sector energético, y a ellas me referiré en próximas notas.
Por Roberto Duarte
